Por. Washington Durán Abarca
Tanto la doctrina constitucional, la Teoría del Estado contemporáneo, como la estructura del Estado se desarrollan con la tautológica teoría del “Estado de Derecho”; basados en los principios de la supremacía del Derecho sobre la voluntad de los hombres, cuanto de los derechos fundamentales y sociales de la persona; de la división de los poderes y del control constitucional.
Las consecuencias de las prácticas del entendido orden liberal social constitucional, que en gran medida constituye la variación o falacia de quienes gobiernan de modo individualista y mercantilista, muestran, sin embargo, la permanencia o continuidad de los conflictos de los grupos políticos, con efectos de la negación de los valorados principios de igualdad, libertad y de la propiedad en las instancias sociales que las sustentan. Las fuerzas políticas exhiben en sus prácticas desgraciadamente graves olvidos a los derechos humanos de los pueblos siempre ignorados, salvo los discursos tan ponderados, pero ineficaces tanto en los textos constitucionales, cuanto en sus prácticas diarias. Son evidentes las permanentes contradicciones entre el esquema teórico del ordenamiento estatal, con las crecientes miserias de las poblaciones mayoritarias de cada sociedad nacional; por el privilegiado sistema económico unilateral de mayor beneficio para las minorías dominantes en detrimento de las mayorías populares, que no logran satisfacer sus aspiraciones, sufriendo con frecuencia en sus elementales necesidades, paralelos a las formas de gobiernos omnímodos; con la falsa democracia por los exclusivos beneficios de las minorías de arriba y, el ostracismo y silencio de los pueblos mayoritarios. En buena cuenta acentuando la falacia casi absoluta del principio: “EL PODER EMANA DEL PUEBLO”, que los gobernantes y demás funcionarios del Estado proclaman en cada elección o actos del poder político aún demagógico.
Sus resultados oscilan invariablemente entre lo deprimente y lo trágico. Sólo algunos datos, entre tantos cuadros de inhumanidad extrema y cada vez en aumento, lejos de disminuir por efectos de la deformada organización ideológica, jurídica y política del Estado y la sociedad contemporánea, en todos los países y continentes. Diariamente quienes no tienen descendencia oficializada o amistad con grupo o grupos pudientes, mueren en edades de juventud y/o adulta cientos de cientos por sus miserias, el hambre y la falta de agua; por insalubridad, falta de trabajo, techo, etc. Fueron los casos de los 200 millones de niños de 6 a 12 años sometidos a trabajos no diferentes en las etapas esclavistas. Los siete grandes del mundo económico de entonces, declararon solo 23 millones de desocupados en sus áreas, con progresivo aumento, según su superioridad democrática. En América Central y Sudamérica, Africa, Asia y otros, los cuadros son desoladores. Tales tragedias en el mundo también contradicen la versión errada que los gobiernos defienden los derechos humanos. A todos esos males se agregan la corrupción generalizada del Estado mundial en consuno con los grupos politizados y las empresas privadas como grupos de gran poder o directos gobernantes. Como fueron los casos en Brasil, Perú, Venezuela, Japón, España o de Italia y otros países con 2000 políticos y empresarios procesados, etc. etc. cuyas excepciones no son de pocos Estados.
Todos estos problemas son consecuencias de las siguientes inconsistencias de la organización estructural del Estado moderno:
A) El principio de la supremacía del Derecho positivo sobre la voluntad del hombre, exhibe insuficiencias para solucionar todos los problemas del Estado y la sociedad nacional, por su carácter eminentemente racional; en permanente conflicto con sus ineficacias y en general con los derechos de considerables poblaciones nativas y/o de minorías, conviviendo aún en condiciones infrahumanas. La situación es más complicada en los países multiculturales y/o multiétnicos, como en la gran mayoría de continentes; problemas que desgraciadamente siguen sin solución precisamente por el elitismo y egoísmo de pequeños grupos dominantes y por la excesiva centralización del poder estatal.
El Derecho positivo se establece como factor dominante y a su vez marginante de los pueblos o etnias nativas mayoritarias en el mundo; cuanto por las minorías privilegiadas con derechos de uso y costumbres diferentes. Los derechos positivo y político constitucionales expresan en la práctica la continuación de las formas del viejo poder absolutista, al extremo con carácter elitista y unilateral; aún sin cambios en muchos países. Las prácticas de los privilegios monárquicos y de nobleza aún coexisten con las prácticas tradicionales egoístas e individualistas o de grupos de las clases política-tradicionales; a ello se agregan las imposiciones del derecho positivo elitista como portador aún en gran dosis de los derechos romano o de reyes y colonial; no obstante la lenta liberalización de algunos pueblos con vida jurídica en permanente inseguridad contemporánea diaria. Son muchas las razones que hacen predominar las tendencias caudillistas, como el régimen individualista del culto a la persona en el presidencialismo, apenas diferenciado del monarquismo, en extremo conservador y prejuicioso; muy poco diferenciado de los actuales reinados o del atenuado premierato. En los sistemas de gobierno personal liberal actualizado, aún funcionan con designios de deidad pero con discursos de falsa “igualdad de derechos”; cuyos patrocinadores los consideran “fuertes”, “necesarios” para resistir a los pueblos que siguen reclamando sus elementales derechos contemporáneos como personas. Fueron y son los casos de las nacionalidades peruanas: Quechuas, Aymaras y Amazónicos en el período de la conquista con la llegada de los españoles a esta parte americana.
Estos y otros axiomas hacen vigente la sentencia del profesor griego Trasímaco, de la época pre romana: “las leyes –decía- son creadas por los hombres o grupos que están en el poder, para fomentar sus propios intereses”. Sentencia aún indiscutida en nuestros regímenes jurídicos, económicos, sociales de gobierno y de democracia moderna aún incipiente; tras la creación de nuestro Estado peruano.
B) Los derechos fundamentales de la persona: de propiedad, libertad e igualdad funcionan en nuestro país como en otros, de modo unilateral, desde la creación de nuestro Estado; al extremo de haber provocado un mayor desarrollo de la materialización de la teoría de la lucha o división de clases sociales; que funcionan a plenitud de modo ininterrumpido, precisamente por la práctica descarada y como fenómeno natural por los grupos políticos dominantes en nuestro país, como también en los demás países del mundo. Políticas estatales por el funcionamiento ininterrumpido con la práctica descarada de la teoría política de la “LUCHA DE CLASES”.
Políticas que originan el cada vez ensanchado de modo diferenciado, manifiesto entre pocos propietarios muy ricos y miles de millones sin propiedad y en extrema pobreza. No otra cosa denuncian también las mujeres de la democrática Suiza, al reclamar, hoy en día, iguales derechos en salario y trabajo o respecto del silencio de los niños brasileños masacrados en las calles de Río de Janeiro, por quienes deben cuidarlos. Políticas oprobiosas que aún son sucesos de cada día en cualquier lugar y en todos los países del mundo.
En el Perú, sólo en 1956 la mujer logró su derecho a votar y, en 1979, los analfabetos. La actual población mayoritaria sufre de miseria extrema en sus dos tercios. Realidades que aún no posibilitan debidamente el ejercicio de los elementales derechos económicos, como forma de concertar los principios fundamentales de la persona.
Años atrás, la clase política universal hacía y aún hace discurrir la teoría de crear más grupos propietarios; negando tal derecho a las mayorías nacionales en cada país. Hoy en día, el discurso varía un tanto. Sólo se habla de inversionistas y de libertad de trabajo, sin estabilidad, no hay más; al extremo que en la reforma constitucional en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue eliminado casi en absoluto lo vinculado a lo social y a todo otro tipo de propiedad que no sea privada y empresaria; como forma de privilegiar el derecho de propiedad de los pequeños grupos dominantes. Así se estableció una sociedad exclusiva de empresarios y pueblos siervos. Pero a su vez, por contradicción o intención atenuante se repitió el término “economía social de mercado”, en el discutido proyecto constitucional. Sin llegar a precisar los verdaderos alcances de los reales e irrenunciables derechos fundamentales y sociales de la persona común. Pues, gobiernos y su mayoría cecedista (CCD) legislaron y ejecutaron la extrema economía de mercado, paralelo al proyecto constitucional; sistema aquél extremado, que ni siquiera se dan en los países altamente desarrollados, donde asimismo se acentúan las políticas “proteccionistas” para sus productos nacionales, con mayor incidencia en la agricultura.
Los gobernantes y legisladores en la modernidad desarrollan sibilinamente la opinión prejuiciada de Aristóteles, quien sostenía que el esclavo no tiene sentimientos de libertad ni sentido de su razón natural. Esta aprensión sigue siendo el ideario de las fuerzas dominantes y, desgraciadamente, casi de las mayorías de las clases políticas en los países. Hoy se busca adecuar al Estado a los fines de la sociedad y la justicia.
Es interesante anotar que no obstante que el Estado se sustenta en el factor económico, este tema deviene casi tabú en el texto constitucional; pues apenas se lo toca, de modo menguado, al extremo que su administración, generalmente sin límites legales, queda en manos del Jefe del Estado, como si se tratara de un asunto intrascendente, sin mayor atingencia. No otra cosa muestran las medidas privatistas en diferentes Estados encaminados a la economía de mercado. En el Perú, como en cualquier otro país, no faltan quienes patrocinan en sentido que es requerible las privatizaciones, lo que resulta oneroso al Estado o a la sociedad –se supone-, pero, de allí a privatizarlo todo, es otra cosa. Ello ya resulta más allá de lo razonable y contradice el texto constitucional vigente. Aquí, cabe preguntarse, no es pertinente consultar al pueblo para tales medidas tan trascendentes?.
C) Apoyados en el principio de la libertad individual se crearon los partidos políticos, bases para sus alternancias exclusivistas de pequeños grupos políticos en cada país, ya de modo universal, en el ejercicio del poder del Estado. Sistemas que, lejos de democratizar o posibilitar la real igualdad política de las mayorías ciudadanas, que integran las organizaciones de las sociedades de acuerdo a los derechos de los pueblos en cada país, se ha establecido jurídicamente la exclusividad de aquéllos poderosos, en buena cuenta para el manejo exclusivo del poder del Estado. Cuyos efectos han conducido a la actual condición crítica de los pueblos, con considerables masas populares; por la falta de libertad para desbrozar todas las formas de obstáculos que les impiden ejercer sus derechos políticos, económicos y sociales. Esto llega a extremos en los países donde funciona el monopolio o exclusividad de un solo partido político y/o en país bipartidista. Las masas populares son como extranjeros visitantes en sus propias tierras o naciones donde nacieron.
Con la práctica de esa forma privilegiada de partidos políticos o de grupitos politizados en la administración del poder político y económico en cada país o Estado, las poblaciones nacionales mayoritarias se han retrazado, más con la creciente desocupación y miseria; en tanto que los gobernantes se han hecho más ricos y más corruptos; desde luego, cabe la excepción de la duda. Su apoyo es el elitismo, el sojuzgamiento y la ausencia de reales controles por las masas populares respecto del manejo económico y del poder político.
Basado en el aún falso y egoísta sistema representativo en cada nación; con la manifiesta exclusión desgraciada de ese legítimo derecho de las cuatro nacionalidades nativas mayoritarias. Por el impuesto y abusivo principio del “mandato no imperativo”, se organiza la forma de democracia elitista para sólo la nación mestiza de pequeños grupitos privilegiados con la dictadura de la élite del o de las cúpulas partidarias de turno en el poder; sostenido por poderosas empresas económicas que buscan sólo la existencia de la nación mestiza excluyendo en consuno a las nativas: Quechua, Aymara, Amazónica y Afroperuanos; esta última traídos por los conquistadores españoles. Ahora, son también los empresarios que en pro de sus intereses apoyan al partido político de turno en afán de beneficiarse de uno u otro modo con sus vínculos y servicios al poder del Estado y porque son los que directamente también influencian en el manejo del poder estatal, desde luego para sus beneficios. Aquí cabe preguntarse: ¿en qué se sustenta la legitimidad de los representantes? No creemos que los partidos o los pequeños grupos de poder económico sean malos sino que, por sus equivocados y extremados egoísmos, por sus organizaciones internas y su carácter representativo elitista tal como están estructurados, se traducen en pantomima de democracia; porque en la realidad niegan, ignoran, silencian los derechos políticos de los pueblos o masas populares y se oponen a sus intereses. Las mayorías populares están siempre al margen del quehacer democrático y del poder del Estado. Las poblaciones mayoritarias en cada país tienen que soportar el impuesto juego dictatorial de los pequeños grupos políticos o partidos desde el poder del Estado, como supuesta democracia de la “mayoría sobre la minoría”; del siempre grupo o grupos gobernantes, que en el caso del Perú accionan en consuno, silenciando o negando a las naciones nativas u oriundas; mayoritarias lo que hacen insolubles los acuciantes problemas de las sociedades populares nacionales. Por donde vayamos están las pruebas.
D) La denominada división y equilibrio de poderes nunca pudo funcionar en razón a su naturaleza construida con el sólo como supuesto que en el país existe una sóla nación (la mestiza) omitiendo a las demás. Porque en todo Estado hay un solo poder; de lo que se trata es de la imperante e injusta distribución elitista, individualizada exclusivamente por los partidos en las funciones del manejo, control absoluto del único poder del Estado, que todo lo controla con sus propios o exclusivos criterios. Tampoco funcionó ni funciona el mutuo control y equilibrio (checks and balances) de poderes (funciones); porque todo grupo que llega al poder del Estado lo maneja y controla en función de su propio o exclusivo interés y criterio de grupito o personal y/o del minúsculo grupo que lo apoya, al extremo de privatizarlo o hacerlo exclusivo por el tiempo que dura el mandato de gobierno. Además, dado que no siempre es coherente la política e ideología, así como el plan o programa o propósito de los grupos o partidos políticos que se alternan en el gobierno; hecho nunca consultado ni opinado por el o los pueblos; por o con la imposición de no permitir precisar con claridad los alcances y/o las diferencias de autonomía ni de equilibrio de cada función del poder. Si este nuestro aserto fuera erróneo, los países, como el caso del Perú y los demás Estados con similares acciones de exclusión a los pueblos originarios, no estarían en la situación de extremo subdesarrollo, que cada vez acreditan ante la opinión mundial y/o internamente.
En cada régimen, los funcionarios de una rama u otra, reemplazan, se endosan o transfieren mutuamente facultades; ellos mismos nombran a sus órganos de fiscalización, incluido a los jueces, según les convengan, ya por mandato constitucional o de hecho.
La ya histórica e ininterrumpida dictadura de la minoría sobre la mayoría también en las naciones latinoamericanas, como expresión de supuesta democracia, sirve para reforzar la dictadura personal del Presidente de la República con su Consejo de Ministros que el mismo elige; quien, como jefe de Estado acumula prácticamente más de los dos tercios de todo el poder estatal, al imponer sus decisiones personales a sus ministros en Consejo Ejecutivo, a su mayoría parlamentaria, como Jefe del Estado (Presidente) y del partido que impone tanto sus designios del gobierno como los suyos a las mayorías del país. También imponen y colocan a su gente o burocracia sin rangos políticos. Todos los altos funcionarios aplican la dictadura que el alto jefe indica sobre todo el resto del país.
La dictadura es mayor cuando en el poder está sólo la dirigencia de un partido o de la sóla agrupación política; excluyendo a las demás fuerzas políticas, salvo alguno de estas últimas transan o se someten a la política del gobierno de turno. Entonces, cómo puede haber equilibrio entre los llamados poderes, si no lo hay entre los mismos grupos que ejercen el poder? Qué mutuo control se puede dar en esta forma de organización personal y/o monopolio del grupo en el poder?. O sino, ¿porqué o con qué razones se silencia o se niega tradicionalmente aún a las nacionalidades y/o grupos mayoritarios peruanos: Quechuas, Aymaras, Amazónicos y Afroperuanos?; los tres primeros pueblos existentes desde antes del mestizaje o de la creación de nuestro Estado peruano?. Los afroperuanos fueron traídos por los conquistadores españoles de sus antiguos territorios africanos.
Tanto la doctrina constitucional, la Teoría del Estado contemporáneo, como la estructura del Estado se desarrollan con la tautológica teoría del “Estado de Derecho”; basados en los principios de la supremacía del Derecho sobre la voluntad de los hombres, cuanto de los derechos fundamentales y sociales de la persona; de la división de los poderes y del control constitucional.
Las consecuencias de las prácticas del entendido orden liberal social constitucional, que en gran medida constituye la variación o falacia de quienes gobiernan de modo individualista y mercantilista, muestran, sin embargo, la permanencia o continuidad de los conflictos de los grupos políticos, con efectos de la negación de los valorados principios de igualdad, libertad y de la propiedad en las instancias sociales que las sustentan. Las fuerzas políticas exhiben en sus prácticas desgraciadamente graves olvidos a los derechos humanos de los pueblos siempre ignorados, salvo los discursos tan ponderados, pero ineficaces tanto en los textos constitucionales, cuanto en sus prácticas diarias. Son evidentes las permanentes contradicciones entre el esquema teórico del ordenamiento estatal, con las crecientes miserias de las poblaciones mayoritarias de cada sociedad nacional; por el privilegiado sistema económico unilateral de mayor beneficio para las minorías dominantes en detrimento de las mayorías populares, que no logran satisfacer sus aspiraciones, sufriendo con frecuencia en sus elementales necesidades, paralelos a las formas de gobiernos omnímodos; con la falsa democracia por los exclusivos beneficios de las minorías de arriba y, el ostracismo y silencio de los pueblos mayoritarios. En buena cuenta acentuando la falacia casi absoluta del principio: “EL PODER EMANA DEL PUEBLO”, que los gobernantes y demás funcionarios del Estado proclaman en cada elección o actos del poder político aún demagógico.
Sus resultados oscilan invariablemente entre lo deprimente y lo trágico. Sólo algunos datos, entre tantos cuadros de inhumanidad extrema y cada vez en aumento, lejos de disminuir por efectos de la deformada organización ideológica, jurídica y política del Estado y la sociedad contemporánea, en todos los países y continentes. Diariamente quienes no tienen descendencia oficializada o amistad con grupo o grupos pudientes, mueren en edades de juventud y/o adulta cientos de cientos por sus miserias, el hambre y la falta de agua; por insalubridad, falta de trabajo, techo, etc. Fueron los casos de los 200 millones de niños de 6 a 12 años sometidos a trabajos no diferentes en las etapas esclavistas. Los siete grandes del mundo económico de entonces, declararon solo 23 millones de desocupados en sus áreas, con progresivo aumento, según su superioridad democrática. En América Central y Sudamérica, Africa, Asia y otros, los cuadros son desoladores. Tales tragedias en el mundo también contradicen la versión errada que los gobiernos defienden los derechos humanos. A todos esos males se agregan la corrupción generalizada del Estado mundial en consuno con los grupos politizados y las empresas privadas como grupos de gran poder o directos gobernantes. Como fueron los casos en Brasil, Perú, Venezuela, Japón, España o de Italia y otros países con 2000 políticos y empresarios procesados, etc. etc. cuyas excepciones no son de pocos Estados.
Todos estos problemas son consecuencias de las siguientes inconsistencias de la organización estructural del Estado moderno:
A) El principio de la supremacía del Derecho positivo sobre la voluntad del hombre, exhibe insuficiencias para solucionar todos los problemas del Estado y la sociedad nacional, por su carácter eminentemente racional; en permanente conflicto con sus ineficacias y en general con los derechos de considerables poblaciones nativas y/o de minorías, conviviendo aún en condiciones infrahumanas. La situación es más complicada en los países multiculturales y/o multiétnicos, como en la gran mayoría de continentes; problemas que desgraciadamente siguen sin solución precisamente por el elitismo y egoísmo de pequeños grupos dominantes y por la excesiva centralización del poder estatal.
El Derecho positivo se establece como factor dominante y a su vez marginante de los pueblos o etnias nativas mayoritarias en el mundo; cuanto por las minorías privilegiadas con derechos de uso y costumbres diferentes. Los derechos positivo y político constitucionales expresan en la práctica la continuación de las formas del viejo poder absolutista, al extremo con carácter elitista y unilateral; aún sin cambios en muchos países. Las prácticas de los privilegios monárquicos y de nobleza aún coexisten con las prácticas tradicionales egoístas e individualistas o de grupos de las clases política-tradicionales; a ello se agregan las imposiciones del derecho positivo elitista como portador aún en gran dosis de los derechos romano o de reyes y colonial; no obstante la lenta liberalización de algunos pueblos con vida jurídica en permanente inseguridad contemporánea diaria. Son muchas las razones que hacen predominar las tendencias caudillistas, como el régimen individualista del culto a la persona en el presidencialismo, apenas diferenciado del monarquismo, en extremo conservador y prejuicioso; muy poco diferenciado de los actuales reinados o del atenuado premierato. En los sistemas de gobierno personal liberal actualizado, aún funcionan con designios de deidad pero con discursos de falsa “igualdad de derechos”; cuyos patrocinadores los consideran “fuertes”, “necesarios” para resistir a los pueblos que siguen reclamando sus elementales derechos contemporáneos como personas. Fueron y son los casos de las nacionalidades peruanas: Quechuas, Aymaras y Amazónicos en el período de la conquista con la llegada de los españoles a esta parte americana.
Estos y otros axiomas hacen vigente la sentencia del profesor griego Trasímaco, de la época pre romana: “las leyes –decía- son creadas por los hombres o grupos que están en el poder, para fomentar sus propios intereses”. Sentencia aún indiscutida en nuestros regímenes jurídicos, económicos, sociales de gobierno y de democracia moderna aún incipiente; tras la creación de nuestro Estado peruano.
B) Los derechos fundamentales de la persona: de propiedad, libertad e igualdad funcionan en nuestro país como en otros, de modo unilateral, desde la creación de nuestro Estado; al extremo de haber provocado un mayor desarrollo de la materialización de la teoría de la lucha o división de clases sociales; que funcionan a plenitud de modo ininterrumpido, precisamente por la práctica descarada y como fenómeno natural por los grupos políticos dominantes en nuestro país, como también en los demás países del mundo. Políticas estatales por el funcionamiento ininterrumpido con la práctica descarada de la teoría política de la “LUCHA DE CLASES”.
Políticas que originan el cada vez ensanchado de modo diferenciado, manifiesto entre pocos propietarios muy ricos y miles de millones sin propiedad y en extrema pobreza. No otra cosa denuncian también las mujeres de la democrática Suiza, al reclamar, hoy en día, iguales derechos en salario y trabajo o respecto del silencio de los niños brasileños masacrados en las calles de Río de Janeiro, por quienes deben cuidarlos. Políticas oprobiosas que aún son sucesos de cada día en cualquier lugar y en todos los países del mundo.
En el Perú, sólo en 1956 la mujer logró su derecho a votar y, en 1979, los analfabetos. La actual población mayoritaria sufre de miseria extrema en sus dos tercios. Realidades que aún no posibilitan debidamente el ejercicio de los elementales derechos económicos, como forma de concertar los principios fundamentales de la persona.
Años atrás, la clase política universal hacía y aún hace discurrir la teoría de crear más grupos propietarios; negando tal derecho a las mayorías nacionales en cada país. Hoy en día, el discurso varía un tanto. Sólo se habla de inversionistas y de libertad de trabajo, sin estabilidad, no hay más; al extremo que en la reforma constitucional en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue eliminado casi en absoluto lo vinculado a lo social y a todo otro tipo de propiedad que no sea privada y empresaria; como forma de privilegiar el derecho de propiedad de los pequeños grupos dominantes. Así se estableció una sociedad exclusiva de empresarios y pueblos siervos. Pero a su vez, por contradicción o intención atenuante se repitió el término “economía social de mercado”, en el discutido proyecto constitucional. Sin llegar a precisar los verdaderos alcances de los reales e irrenunciables derechos fundamentales y sociales de la persona común. Pues, gobiernos y su mayoría cecedista (CCD) legislaron y ejecutaron la extrema economía de mercado, paralelo al proyecto constitucional; sistema aquél extremado, que ni siquiera se dan en los países altamente desarrollados, donde asimismo se acentúan las políticas “proteccionistas” para sus productos nacionales, con mayor incidencia en la agricultura.
Los gobernantes y legisladores en la modernidad desarrollan sibilinamente la opinión prejuiciada de Aristóteles, quien sostenía que el esclavo no tiene sentimientos de libertad ni sentido de su razón natural. Esta aprensión sigue siendo el ideario de las fuerzas dominantes y, desgraciadamente, casi de las mayorías de las clases políticas en los países. Hoy se busca adecuar al Estado a los fines de la sociedad y la justicia.
Es interesante anotar que no obstante que el Estado se sustenta en el factor económico, este tema deviene casi tabú en el texto constitucional; pues apenas se lo toca, de modo menguado, al extremo que su administración, generalmente sin límites legales, queda en manos del Jefe del Estado, como si se tratara de un asunto intrascendente, sin mayor atingencia. No otra cosa muestran las medidas privatistas en diferentes Estados encaminados a la economía de mercado. En el Perú, como en cualquier otro país, no faltan quienes patrocinan en sentido que es requerible las privatizaciones, lo que resulta oneroso al Estado o a la sociedad –se supone-, pero, de allí a privatizarlo todo, es otra cosa. Ello ya resulta más allá de lo razonable y contradice el texto constitucional vigente. Aquí, cabe preguntarse, no es pertinente consultar al pueblo para tales medidas tan trascendentes?.
C) Apoyados en el principio de la libertad individual se crearon los partidos políticos, bases para sus alternancias exclusivistas de pequeños grupos políticos en cada país, ya de modo universal, en el ejercicio del poder del Estado. Sistemas que, lejos de democratizar o posibilitar la real igualdad política de las mayorías ciudadanas, que integran las organizaciones de las sociedades de acuerdo a los derechos de los pueblos en cada país, se ha establecido jurídicamente la exclusividad de aquéllos poderosos, en buena cuenta para el manejo exclusivo del poder del Estado. Cuyos efectos han conducido a la actual condición crítica de los pueblos, con considerables masas populares; por la falta de libertad para desbrozar todas las formas de obstáculos que les impiden ejercer sus derechos políticos, económicos y sociales. Esto llega a extremos en los países donde funciona el monopolio o exclusividad de un solo partido político y/o en país bipartidista. Las masas populares son como extranjeros visitantes en sus propias tierras o naciones donde nacieron.
Con la práctica de esa forma privilegiada de partidos políticos o de grupitos politizados en la administración del poder político y económico en cada país o Estado, las poblaciones nacionales mayoritarias se han retrazado, más con la creciente desocupación y miseria; en tanto que los gobernantes se han hecho más ricos y más corruptos; desde luego, cabe la excepción de la duda. Su apoyo es el elitismo, el sojuzgamiento y la ausencia de reales controles por las masas populares respecto del manejo económico y del poder político.
Basado en el aún falso y egoísta sistema representativo en cada nación; con la manifiesta exclusión desgraciada de ese legítimo derecho de las cuatro nacionalidades nativas mayoritarias. Por el impuesto y abusivo principio del “mandato no imperativo”, se organiza la forma de democracia elitista para sólo la nación mestiza de pequeños grupitos privilegiados con la dictadura de la élite del o de las cúpulas partidarias de turno en el poder; sostenido por poderosas empresas económicas que buscan sólo la existencia de la nación mestiza excluyendo en consuno a las nativas: Quechua, Aymara, Amazónica y Afroperuanos; esta última traídos por los conquistadores españoles. Ahora, son también los empresarios que en pro de sus intereses apoyan al partido político de turno en afán de beneficiarse de uno u otro modo con sus vínculos y servicios al poder del Estado y porque son los que directamente también influencian en el manejo del poder estatal, desde luego para sus beneficios. Aquí cabe preguntarse: ¿en qué se sustenta la legitimidad de los representantes? No creemos que los partidos o los pequeños grupos de poder económico sean malos sino que, por sus equivocados y extremados egoísmos, por sus organizaciones internas y su carácter representativo elitista tal como están estructurados, se traducen en pantomima de democracia; porque en la realidad niegan, ignoran, silencian los derechos políticos de los pueblos o masas populares y se oponen a sus intereses. Las mayorías populares están siempre al margen del quehacer democrático y del poder del Estado. Las poblaciones mayoritarias en cada país tienen que soportar el impuesto juego dictatorial de los pequeños grupos políticos o partidos desde el poder del Estado, como supuesta democracia de la “mayoría sobre la minoría”; del siempre grupo o grupos gobernantes, que en el caso del Perú accionan en consuno, silenciando o negando a las naciones nativas u oriundas; mayoritarias lo que hacen insolubles los acuciantes problemas de las sociedades populares nacionales. Por donde vayamos están las pruebas.
D) La denominada división y equilibrio de poderes nunca pudo funcionar en razón a su naturaleza construida con el sólo como supuesto que en el país existe una sóla nación (la mestiza) omitiendo a las demás. Porque en todo Estado hay un solo poder; de lo que se trata es de la imperante e injusta distribución elitista, individualizada exclusivamente por los partidos en las funciones del manejo, control absoluto del único poder del Estado, que todo lo controla con sus propios o exclusivos criterios. Tampoco funcionó ni funciona el mutuo control y equilibrio (checks and balances) de poderes (funciones); porque todo grupo que llega al poder del Estado lo maneja y controla en función de su propio o exclusivo interés y criterio de grupito o personal y/o del minúsculo grupo que lo apoya, al extremo de privatizarlo o hacerlo exclusivo por el tiempo que dura el mandato de gobierno. Además, dado que no siempre es coherente la política e ideología, así como el plan o programa o propósito de los grupos o partidos políticos que se alternan en el gobierno; hecho nunca consultado ni opinado por el o los pueblos; por o con la imposición de no permitir precisar con claridad los alcances y/o las diferencias de autonomía ni de equilibrio de cada función del poder. Si este nuestro aserto fuera erróneo, los países, como el caso del Perú y los demás Estados con similares acciones de exclusión a los pueblos originarios, no estarían en la situación de extremo subdesarrollo, que cada vez acreditan ante la opinión mundial y/o internamente.
En cada régimen, los funcionarios de una rama u otra, reemplazan, se endosan o transfieren mutuamente facultades; ellos mismos nombran a sus órganos de fiscalización, incluido a los jueces, según les convengan, ya por mandato constitucional o de hecho.
La ya histórica e ininterrumpida dictadura de la minoría sobre la mayoría también en las naciones latinoamericanas, como expresión de supuesta democracia, sirve para reforzar la dictadura personal del Presidente de la República con su Consejo de Ministros que el mismo elige; quien, como jefe de Estado acumula prácticamente más de los dos tercios de todo el poder estatal, al imponer sus decisiones personales a sus ministros en Consejo Ejecutivo, a su mayoría parlamentaria, como Jefe del Estado (Presidente) y del partido que impone tanto sus designios del gobierno como los suyos a las mayorías del país. También imponen y colocan a su gente o burocracia sin rangos políticos. Todos los altos funcionarios aplican la dictadura que el alto jefe indica sobre todo el resto del país.
La dictadura es mayor cuando en el poder está sólo la dirigencia de un partido o de la sóla agrupación política; excluyendo a las demás fuerzas políticas, salvo alguno de estas últimas transan o se someten a la política del gobierno de turno. Entonces, cómo puede haber equilibrio entre los llamados poderes, si no lo hay entre los mismos grupos que ejercen el poder? Qué mutuo control se puede dar en esta forma de organización personal y/o monopolio del grupo en el poder?. O sino, ¿porqué o con qué razones se silencia o se niega tradicionalmente aún a las nacionalidades y/o grupos mayoritarios peruanos: Quechuas, Aymaras, Amazónicos y Afroperuanos?; los tres primeros pueblos existentes desde antes del mestizaje o de la creación de nuestro Estado peruano?. Los afroperuanos fueron traídos por los conquistadores españoles de sus antiguos territorios africanos.
PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LA CRISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO Y EL CENTRALISMO
La única forma de romper con el entrampamiento creado por el desequilibrio de las funciones del poder del Estado y su excesivo centralismo, racismo, en particular de la actual estructura y forma de democracia egoísta, excluyente liberal o social-democracia es con: una real y concreta DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO PERUANO; del modo siguiente:
a) Poniendo en práctica real el principio de “el poder emana del pueblo”, mediante la descentralización del poder político y económico del Estado a través de la REGIONALIZACIÓN; corrigiendo sus equívocos y perfeccionando sus rasgos contrarios a los intereses de los pueblos aún negados o silenciados, e independientemente de los criterios políticos de partido o de los intereses de cualquier grupo o clase social. La descentralización no debe hacerse de modo abusivo y, dictatorialmente desde el poder o desde arriba, excluyendo a varias naciones peruanas: quechuas, aymaras, amazónicos y afroperuanos; sino desde abajo o previa consulta a todos los pueblos existentes, antes de normarlo; carácter similar que debe tener también todo derecho o las leyes, decretos, etc.
b) Cumplir adecuadamente con los primeros artículos, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; asi como las leyes nacionales. Por esas normas el Perú, como cada uno y todos los demás Estados, se obligaron a conceder la autodeterminación a todos sus pueblos, sin excluir a los que existen e integran cada Estado; con facultades de autonomía política, económica y administrativa de cada y todas las naciones existentes; sin excluir a ninguna; cuidando a su vez la unidad del Estado.
c) Reformar el sistema de la representación, dándole el carácter de mandato imperativo en todas las decisiones. Es decir, que los representantes, Presidente de la República, ministros y todo funcionario (mandatario) que represente por elección o delegación de funciones y que resuelva asuntos o emita normas legales, de una u otra jerarquía o suscriba tratados o contratos de cualquier naturaleza; deberá recibir previamente la opinión de sus mandantes o electores y delegantes. A su vez, deben rendir cuentas de sus actos de función a sus mandantes o electores (pueblos) periódicamente. Sólo así tendrán real legitimidad los gobernantes, legisladores y funcionarios judiciales.
Para los casos no sólo de nuestros legisladores, gobernantes, juristas y politicólogos y de mucha gente que sostienen o creen que sólo lo extranjero es bueno y válido, anotaremos que por ejemplo: en el Estado de los Ángeles de los EE.UU., por disposición municipal, las leyes entran en vigencia sólo a los treinta días de ser aprobadas. En ese lapso, el 10% de ciudadanos pueden rechazarlas; lo que obligaría al municipio a someterla a referéndum o postergarla para su revisión u olvido. En el caso que los ciudadanos oponentes o cuestionadores no alcanzaran ese 10%, la ley deberá comenzar a regir.
La inmunidad parlamentaria del representante funcionará como excepción sólo para el caso de fundamentar el mandato o delegación, dado que en nuestras sociedades no faltan las cacerías de brujas por las fuerzas retrógradas.
d) Combinar la democracia representativa se concreta con la participación del pueblo en democracia directa; además con las decisiones y controles tanto en el poder central, cuanto en lo regional y municipal; mediante los métodos o formas aún romanas: referéndum, plebiscito, iniciativa para la formación de normas y con la moderna revocación de autoridades a todo nivel, sin excepción alguna. Además, ojalá aprendiéramos los ejemplos de la real democracia, que practican los peruanos en el interior de nuestra República a través de las RONDAS CAMPESINAS. Lo que en la actual Constitución ni siquiera se menciona. Prejuicios político-raciales de nuestra clase política en acción.
e) El sistema político de la elección y/o reelección en el Congreso de la República, con el exclusivo privilegio de sólo cinco ciudadanos escogidos o miembros de los partidos políticos con la negación frecuente, descarada a las mayorías ciudadanas con capacidad cultural, educativa frecuentemente superiores y con pre disposición a servir a la sociedad, de modo desinteresado y/o con economías modestas, les son negados lo que significa el privilegio estatal a ciudadanos muchas veces no siempre bien preparados y con sueldos astronómicos, comparados con quienes trabajan no solo en la educación, la salud sino también en otras entidades públicas. Lo que significa que el Estado con manifiesto descaro, privilegia económicamente a miembros del Congreso de partido egoísta o partidos políticos elitistas y castiga con sueldos o haberes extremadamente modestos en las demás dependencias oficializadas en el país.
f) Suprimir definitivamente todo tipo de reelección privilegiada de los partidos políticos en todos los niveles del poder estatal. Forma única de desprejuiciar, educar y superar complejos y vicios políticos, en particular corregir la fuerte tendencia autoritaria de casi todo funcionario congresal. Para contrarrestar la egoísta y tradicional defensa del vicio de la reelección so pretexto falaz de que sólo los miembros de los partidos políticos estarían supuestamente bien calificados con su educación y/o “experiencia” cultural en el poder. Debería adecuarse de modo imperativo la renovación de las instituciones representativas por mitades o tercios y, en el caso de autoridades personales, reducir al mínimo los términos de su ejercicio. Es la única manera de practicar la relativa igualdad ciudadana en esos derechos políticos; modo de corregir los tradicionales privilegios económicos y las reelecciones ya señaladas como costumbres obligatorias.
g) Reducir al mínimo la rereelección y los elevados privilegios con los sueldos de la función ejecutiva (Presidencia) y legislativa (Congreso); sería un modo de suprimir los excesos no sólo en la función pública, sino también en el enriquecimiento económico privilegiado de ciudadanos. Salvo algunos casos en los vínculos contractuales con el exterior en esa materia. Pues no es justo ni razonable, por ser injustificados, los excesos y arbitrariedades en la representación pública del Estado; casos en los que también se administra la hacienda pública según el arbitrio personal de la autoridad.
Fortalecer la representación política de las nacionalidades: mestizos, quechuas, aymaras, amazónicos y afroperuanos y por regiones a nivel nacional. Vale decir con representación plural de todas las nacionalidades del país. Con las respectivas y necesarias especialidades- en lo posible lo más técnico para que se dediquen a la PLANIFICACIÓN integral del país. Legislar en las tareas de la economía, en lo social la salud, la política, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, etc. Con continuidad y no anárquicamente, como sucede en nuestros días. Con representación también plural de todos los grupos étnicos, políticos, sectores sociales y culturales de cada región del país; no sólo de los partidos políticos; para emitir las leyes requeribles en consenso.
Establecer que todos los acuerdos se hagan por consenso, con prioridades y términos razonables; prefiriéndose los de urgencia. Forma de terminar con las políticas de los gobiernos centralistas, que hacen lo que se les ocurre y siempre contrarios u olvidadizos de las necesidades de los pueblos, generalmente del interior del país. Suprimir el juego abusivo y dictatorial de los desvalances económico-sociales y educativos de las mayorías y minorías y los despotismos sucesivos del Presidente, en función de un partido y del Congreso sobre toda la sociedad. Hacer que cada MUNICIPALIDAD haga el papel de ejecutivo, conforme a los planes o programas previstos para su jurisdicción, con cabildos abiertos, obligatorios y periódicos.
h) Establecer formas de entrelazar unas y otras funciones del gobierno central y de cada Región, a través de los Coordinadores Municipales Regionales de 6 a 8 miembros como órgano vinculante. Estos Coordinadores Municipales Regionales serían producto de la Asamblea de delegados de las municipalidades por Región. Actuarán con especificaciones, límites y ámbitos de funciones precisas y controladas permanentemente por los pueblos; para lo que deberá establecerse la constante publicidad de todo acto público y en particular del manejo económico hasta del último centavo. Deberá prohibirse o reducirse al mínimo los llamados “gastos personales” de “representación” personal u otros de carácter secreto de los más altos funcionarios.
No se trata de organizar una sociedad monocorde, autómata, lo que es imposible por el mismo espíritu humano variable, permanente en el desarrollo productivo del país con todos los sectores y de acuerdo a las necesidades, conforme convenga a los intereses colectivos, sin excepciones.
i) Establecer el período de 20 a 30 años para las prescripciones de los delitos en la función pública.
j) La función judicial deberá adecuarse a la descentralización y que los magistrados sean nominados en concurso público, por entes independientes al poder político del Estado y regional. Los vocales supremos serán elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura y, los vocales superiores, jueces de primera instancia, de paz letrado y de paz y fiscales de la Región serán nombrados por la Asamblea de representantes municipales y en función de los diferentes grupos étnicos o nacionalidades. En cabildos municipales de distritos deberá nombrarse a los jueces y fiscales de paz letrado y de paz distritales. Deberá respetarse la autonomía de la justicia de las Rondas Campesinas donde esté organizada.
REQUISITOS PARA UNA MEJOR DEMOCRACIA Y NUEVA ESTRUCTURA DEL ESTADO.
1) Suscribir entre todas las fuerzas nacionales y/o étnicas, políticas, económicas y sociales un PACTO SOCIAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO INTEGRAL, respetando las diferencias de todas las identidades étnicas o nacionalidades, sin excepción.
2) ACUERDO por CONSENSO por cada una y todas las fuerzas nacionales: económica, política, social y étnicas: mestizos, quechuas, aymaras, amazónicos y afroperuanos de UN PLAN ECONOMICO SOCIAL GLOBAL Y PLURAL (estatal, privada, comunitaria, cooperativa y otras asociativas), por DIEZ o más años, prorrogables, en competencia y libertad.
Dicho pacto seria inicialmente por diez años, prorrogables en el futuro en convivencias de mutua paz, libertad y competencia pacifica.
Lima, Junio del 2008.
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